El TS, el tribunal supremo, con minúsculas por que no se merece más, acaba de darle un tirón de orejas al TC, el tribunal constitucional. Todo ello a partir del caso Urbanor. Es decir, la estafa o como se quiera llamar, de los primísimos Albertos. No se de cuando es el caso. Para eso esta el google, pero tiene muy mala pinta. Total, que el TC por aquellas cosas de que quítame tu las pulgas que yo hago los mismo, no se le ocurre otra cosa que dejar en la calle a semejantes sujetos mafiosos y ladrones. Como con el caso de las cesiones de crédito del Santander, otro ladrón y mafioso que se quedó en la calle, por los varicuetos de un sistema legal que ya no se entiende.
La caradura y la sinvergoncería de los políticos para crear leyes para hacer que no se cumpla la justicia resulta repugnante si no fuera casi deporte nacional. Por supuesto el deporte de unos pocos que se creen con derecho de pernada sobre el estado entero. Licitaciones, contratas, leyes, normativas bancarias a la carta... y si todo falla, hagamos lo que queramos que las leyes solo son para los de abajo. Para que no se rebelen y les quemen a todos ellos.
Para empezar, ¿qué pinta el TC en el caso Urbanor?. Yo de leyes lo justito pero al menos se que existe una primera y una segunda instancia. La primera es la audiencia provincial y la segunda es el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma. No hay más. Se supone que el TC está para casos de resolución de conflictos entre leyes aprobadas por diferentes parlamentos, o en casos muy excepcionales en los que por casualidades de la vida ocurra aquella excepción que el legislador, pobrecillo él, no ha contemplado y que choca con algún derecho fundamental.
Pero una tiene la impresión de que el legislador se dedica precisamente a eso. A construir normativas y regulaciones a medida para los amigos de saqueo. Es decir que las leyes, según cuales, tienen supervisores ajenos. Por lo tanto se producen las excepciones, eventualidades y variedades múltiples que defienden los cotos privados de sinvergüenzas varios.
Y por supuesto queda el control final, por medio del control político de los TCs, TSs y CGPJ para controlar las cositas que no se pueden controlar. Así que sí hay tercera instancia en España. Una tercera instancia para casos de los amigotes, una tercera instancia para evitar que la justicia se produzca de verdad en el país de las panderetas donde encima tienen la sinvergonceria y el desparpajo de asegurar a voz en grito que existe la división de poderes y el estado de derecho. Lo que existe es un aumento considerable de la noción del tamaño de lo que es una estafa a la democracia, a la soberanía del pueblo a favor de unos cuantos. Eso no se llama democracia, tiene un nombre y es oligocracia, y en las oligocracias hay que tener muy en cuenta como se domina al populacho no vaya a ser que se acabe en revuelta.
