Una de las consignas de los fanáticos estúpidos neocons, llamados por estos lares neoliberales, implica la arrogancia de creer que siempre lo privado es mejor que lo público. Nos referimos a la gestión por supuesto.
Sin embargo hay muchas cuestiones que limitan e incluso niegan dicha afirmación. De hecho, la mayoría de las empresas que podemos llamar privadas, se gestionan por equipos directivos que poco tienen que ver con la propiedad de la compañía. Los ejecutivos directivos de empresa como equipos gestores que como mucho tienen que hacer frente a alguna junta de administración con algún grupo de accionistas de referencia. En muchas empresas transnacionales, ni siquiera eso es cierto ya que en muchos caso, no en todos, la propiedad mayoritaria está seriamente difuminada.
Por lo tanto la gestión de estas empresas se deja en manos de profesionales a los que no debería influir de quien es la propiedad.
Por lo tanto tengamos en cuenta que para dichos gestores lo importante es el beneficio pero sobretodo el equilibrio entre beneficio y riesgo para que una mala inversión no acabe con su carrera profesional dentro de la empresa. Es decir, que ni siquiera los equipos de gestión profesionales, intentarán la maximización de los beneficios a no ser que lo vean muy claro y no se arriesgaran en aventuras que puedan tener riesgos elevados. Eso quedará para aquellas empresas que aún mantienen al frente a algún accionista de referencia importante que se juega su dinero con el riesgo de perderlo.
Naturalmente esa es la teoría. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia entre los equipos de gestión profesionales pertenecientes a una empresa pública y los existentes en una empresa privada cuyos accionistas de referencia se han difuminado, por ejemplo a la muerte del fundador o después de numerosas ampliaciones de capital en el mercado.
Sin embargo si que existe un riesgo de mala gestión en los entes público y es su conexión con la política. Los políticos tienden a poder pedir favores que luego hay que pagar. La posibilidad de que el sector público sea un coto de pago de favores, ya sea por la contratación de personal no cualificado, por la supervisión de contratos ventajosos para terceros.... No es diferente tampoco de lo que puede pasar con una empresa privada pero con el inconveniente de la existencia de auditorias, juntas de administración, juntas de accionistas... aún así no es descartable la posibilidad de que un directivo general de una empresa privada firme un contrato desventajoso con un tercero a cambio de algún favor o emolumento.
En el sector público también existen controles sobre las actividades económicas de entes públicos o empresas públicas así como en el control de gastos de departamentos, ministerios... pero la capacidad para incidir sobre las decisiones por parte de los políticos que son elegidos en otro nivel no profesional o por el funcionariado, en España del tipo para toda la vida, hace que esos controles no sean del todo efectivos.
Pero lo interesante está en los procesos de privatizaciones provocados desde el estado. En casos como en el tercer mundo donde estas privatizaciones han sido ‘aconsejadas’ desde el Banco Mundial o el FMI. Creo que era Stiglitz quien suponía que los mecanismos de mercado no funcionaban si no existía apertura a competencia y si el acceso a la información es limitado. En la mayoría de los casos se trata de privatizar empresas públicas, sin competencia puesto que provienen de monopolios estatales, ya dedicadas a los servicios básicos de un país, ya a un recurso excepcional como un puerto, o la explotación de recursos naturales de origen primario mineral.
En los países del tercer mundo basta con tocar las teclas adecuadas a nivel político local, con los sobornos adecuados o las comisiones adecuadas. Un pacto entre la oligarquía local conectada con la oligarquía económica y los países o multinacionales que quieren buscar y controlar las riquezas nacionales o los servicios básicos. La facilidad para controlar recursos ajenos por medio de empresas externas, garantiza los nuevos modelos de explotación colonial. En muchos casos, el diseño de otros tipos de infraestructuras, diseñan el tipo de relaciones comerciales posteriores siendo el modelo neocolonial de lo más clásico con el diseño de infraestructuras de transporte de la riqueza hacia los puertos para su embarque. El desarrollo regional de infraestructuras tiende a los diseños hacia las zonas de embarque o de control y no a los desarrollos regionales de desarrollo industrial interno. Una de las variables más importantes de los países exportadores de riqueza es garantizar un bajo desarrollo interior para no aumentar el consumo interno de materias primas y garantizar el máximo de salidas. El modelo no es nuevo. En el Egipto de los Ptolomeos, se buscaba entre un 40% y un 50% de las cosechas de grano. El tipo de propiedad del Egipto faraónico garantizaba el centralismo en la recolección de las cosechas, la administración estatal se encargaba de su recogida y transporte hasta la gran ciudad de Alejandría, el nuevo puerto de exportación por el que los Ptolomeos realizaban los embarques hacia el Mediterráneo por los que obtenía moneda con el que pagar sus ejércitos. El Egipto de hace 2300 años tenía las características afines a una explotación neocolonial pero natural. Un recurso escaso y demandado como el trigo del cual había necesidad en el Egeo, una vía natural de transporte, el Nilo y un puerto de embarque a su final, Alejandría, de la misma cultura griega que los clientes a los que se vendían las cosechas. En ningún caso se preocuparon de mejorar la calidad de vida del campesinado. Todo lo contrario se buscaba aumentar las cosechas pero para aumentar las recaudaciones de grano.
El modelo de los servicios públicos es un caso diferente pero no demasiado. Una serie de servicios desarrollados por inversiones estatales, ya sean tendidos telefónicos, de gas, electricidad, transporte... incluso en la fiebre del ferrocarril de los años 30 (1830) que acabó con la crisis de 1837 de tipo especulativo debido a las facilidades de expropiaciones de tierras para los nuevos tendidos, inversiones privadas pero con fuerte respaldo de los estados, y que terminaron porque las especulaciones a su alrededor fueron muy superiores a las tasas de retorno de los primeros años de su desarrollo (algo parecido a la especulación de las punto.com). En todo caso los tendidos de las redes básicas o la propia utilización de espacio hertziano por ejemplo, supone unas bases muy débiles para empresas privadas. La privatización de redes de canalización de gas o de redes de transporte eléctrico, que trascurren de forma densa por el territorio pero por medio de derecho de servicios, suponen una casi imposible capacidad para fusionar derecho privado con interés público. Y aún así se privatizan las empresas de servicio. En algunos casos por medio de concesiones temporales como en el caso de autopista, en otros, estos servicios tienen derechos casi inalienables como el paso de una tubería por debajo de unas tierras de cultivo. Precisamente entendiendo que el derecho privado no se puede imponer sobre otros derechos privados, este tipo de empresas deberían ser control público.
Sin embargo se tiende a privatizar dichas empresas debido a varias cuestiones básicas. En primer lugar a que se trata de empresas en muchos casos, sobretodo en países occidentales, ya maduras o por lo menos con pocas inversiones que realizar. Por otra parte de empresas casi monopolísticas o en todo caso oligopólicas ya que su propio carácter hace complicado la multiplicación de competencia. Por si sola, esta condición que define a este tipo de empresas por si mismas, supondría una amenaza al mercado y por lo tanto carecerían de la cortina ideológica referenciada a la ideología neocon. Estas dos ventajas, la de madurez sin necesidad de grandes nuevas inversiones, y la de oligopolios o monopolios, es lo que supone una garantía de beneficio para el sector privado.
Falta por supuesto, el escenario por el cual se produce esta privatización, es decir, el deterioro o autodeterioro de la gestión. La falta de regulación y de auditorias neutrales, facilita la decisión política sobre las mismas, que en la mayoría de los casos se convierte en una cuestión de latrocinio o desmembramiento de bienes públicos.
Los empresarios que buscan pujar por dichos sectores en las privatizaciones, o mejor dicho, las empresas, grandes empresas en su mayoría con gestores profesionales, buscan ante todo unos precios estables para obtener unas tasas adecuadas de retorno sin hacer frente a elevadas inversiones nuevas. Se trata de sectores maduros y por lo tanto las inversiones entran dentro de lo especificado para la renovación básica. Pero en todo caso, se busca unas entradas suficientemente rígidas para compensar la ‘inversión’.
Lo más importante es darse cuenta de que estos nuevos gestores no suponen nuevas inversiones concretas e importantes y por lo tanto las tasas de eficacia y eficiencia no van a cambiar demasiado con respecto a como se gestionaba por medio del sector público.
Si las cosas se han hecho adecuadamente bien para facilitar el ‘traspaso’, el sector público se habrá limitado a inflar costes no justificables para justificar el deterioro de la gestión. Costes que serán posteriormente saneados por el sector privado. Tanto en un caso como en otro adecuadamente planificados. Existe algún peligro de que costes necesarios como en seguridad, sean vistos en el sector privado como otro añadido a reducir pero por lo general la reducción de costes se podría haber logrado de forma sencilla por medio de cualquier gestión no polítizada.
Otra cuestión está en si el sector mantiene ciertas regulaciones por parte del estado en tarifas y precios y hasta que punto la privatización puede jugar con los precios a los clientes siendo como es un servicio oligopólico cuando no monopolítico y por lo tanto de demanda rígida. En tal caso se debe estudiar cual es el producto en sí mismo y la necesidad de la población. Pero existe todo un abanico de posibilidades incluyendo la de aumento de precios que condene a buena parte de la población al abandono de un servicio y por lo tanto la reducción de hecho de la calidad de vida. En todo caso la calidad de servicio y el precio suelen ser tocados de forma importante por las políticas de revisión de costes y la explotación al máximo de las grietas regulatorias.
Por último quedaría el hecho del precio a pagar por la privatización. Ya hemos considerado que la mayoría de los casos este tipo de empresas dependen de concesiones ya sean públicas o privadas, como servicios de paso de canalizaciones, regulaciones de actividad, explotaciones de espacios públicos como el espacio aéreo, el espacio electromagnético en las concesiones de radio y televisión... En estos momentos tenemos el caso de AENA sobre la mesa sobre la cual el ministerio de Fomento ha establecido un precio de 30.000 millones. Si es cierto que en algunos casos se genera entre un 6 y un 10% de los PIB regionales, quizás ese precio sea excesivamente bajo. Y por supuesto no se realiza la tasación en función de las inversiones necesarias para poner en marcha dicha empresa desde cero, sino que se consideran otros criterios más ‘baratos’ como los flujos de caja o los PERs. Naturalmente no se valoran las regulaciones, permisos públicos y concesiones públicas necesarias para las licencias que permiten tal funcionamiento. En todo caso se trata de garantizar un precio suficientemente atractivo para que el comprador le resulte adecuado. En este caso ya se han presentado dos con típicos negocios de retornos de caja de sus negocios controlados: Abertis y Caja Madrid. Desde luego que no se espere de semejantes ejecutores serias políticas de inversión que tengan en cuenta el desarrollo regional o las necesidades públicas.
En todo caso, tras el negocio existen bancos de inversión dispuestos a realizar los préstamos, toda la pléyade de consultoras chupa sangre y en general un montón de agentes del sector financiero que se llevaran sus migajas sin haber aportado eficacia a la gestión. En todo caso de nuevo, un servicio público, necesario y que vive de la concesión de permisos y concesiones públicos como el espacio aéreo, será privatizado y seguramente lo será de forma que sea beneficioso para los interesados, es decir, los políticos vendedores y las empresas compradoras, en ningún caso los propietarios actuales, es decir, los ciudadanos que una vez más verán con el tiempo mermadas las posibilidades de servicios baratos y de desarrollos regionales de interés público.
